En un reciente fallo, el TC acogió un requerimiento de inconstitucionalidad presentado contra la eliminación de la selección escolar de la Ley de Inclusión.

Las directoras y directores de 6 centros de investigación en educación se refirieron en una columna al reciente fallo del Tribunal Constitucional que acogió un requerimiento de inconstitucionalidad presentado contra la eliminación de la selección escolar contenida en la Ley de Inclusión.

En la causa rol 10.270-21, los requirentes acusan que el Sistema de Admisión Escolar (SAE) vulnera las libertades de enseñanza y elección protegidas por la actual Constitución, al excluir la transición del playgroup al nivel de prekinder en el esquema de admisión de un colegio particular subvencionado de Concepción. El requerimiento fue acogido por el TC en su sesión del 1 de junio y aún está en proceso de redacción.

Los directores de los centros de estudio afirman que “si bien el fallo favorece solo a los requirentes y no tiene alcance general sobre la Ley de Inclusión, pudiendo el SAE continuar organizando la admisión del 92% de la matrícula del país, contraviene el espíritu de la Ley de Inclusión Escolar, que definió la selección como una práctica discriminatoria y que vulnera el derecho a la educación”.

Agregan que “si bien cada fallo del TC sobre inaplicabilidad no constituye jurisprudencia vinculante sobre futuros requerimientos ante el Tribunal, constituye un antecedente relevante para que, a futuro, diversos sostenedores o familias sigan el mismo camino”. En este sentido, señalan que “si algunos de ellos tienen éxito, a mediano plazo podría configurarse un subgrupo de sostenedores financiados por el Estado que organicen sus cupos y ofrezcan matrícula desde el playgroup como una manera de burlar el Sistema de Admisión Escolar”.

Por último, aunque reconocen que, si bien el SAE tiene aún efectos débiles sobre la desigual distribución de colegios de calidad entre las familias y en su capacidad de mejorar la inclusión al interior de las escuelas, “la investigación sobre su implementación arroja que el SAE ha contribuido a modernizar los procesos de postulación, ha sido beneficioso para las familias del país al mejorar sus experiencias de postulación, ha eliminado prácticas discriminatorias y fortalecido la elección de escuela”. Además, señalan que superar los nudos de desigualdad educativa es una tarea ardua y de largo plazo, pero que el país debe resolver con el fin de garantizar el derecho a una educación de calidad.

“Tanto el presente fallo del TC, como el Proyecto de “Admisión Justa” presentado por el actual Gobierno y rechazado por el Congreso en 2019, desconocen las políticas a nivel internacional que favorecen la inclusión escolar, ignoran la evidencia científica que permite optimizar la distribución de cupos escolares, restringen, en vez de expandir, la elección de las familias y olvidan el acuerdo nacional que legitimó socialmente la aprobación de la Ley de Inclusión”, afirman.

Los directores de los centros que firman la columna son: Alejandra Mizala (Directora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile); Andrés Bernasconi (Director del Centro Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile); Carmen Montecinos (Directora de C Líder Centro Asociativo para el Liderazgo Educacional y del Centro Líderes Educativos PUCV); José Weinstein (Director del Programa de Liderazgo de la Universidad Diego Portales), Magdalena Claro (Directora CEPPE UC Pontificia Universidad Católica de Chile) y Verónica López (Directora del Centro Eduinclusiva Pontificia Universidad Católica de Valparaíso).